martes, 15 de noviembre de 2016

Enajenación de vehículo ¿en efectivo? Hay una lista de operaciones cuya celebración en efectivo está restringida

Se va celebrar la compraventa de un automóvil entre dos personas físicas, y el comprador quiere pagar la operación en efectivo. Al respecto, yo les recomendé que deben observar las restricciones al uso de esta forma de pago previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Sin embargo, uno de ellos argumenta que no están obligados a hacerlo porque ninguno celebra actividades vulnerables de las ahí contenidas, ¿esto es cierto?

Esa idea es incorrecta, pues la LFPIORPI prescribe medidas efectivas para evitar la infiltración del dinero de la delincuencia al sistema económico, con el objeto de brindarle una apariencia de legalidad, aun para las personas que no lleven a cabo las actividades vulnerables.
En ese sentido, también prevé una lista de operaciones cuya celebración en efectivo está restringida, bajo promesa de multa.

El artículo 32 de la LFPIORPI señala específicamente que está prohibido dar cumplimiento a obligaciones, y en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en el supuesto de la venta o compra de vehículos, nuevos o usados, por un valor igual o superior al equivalente a las 3,210 ($234,458.40) veces la Unidad de Medida y Actualización (anteriormente, salario mínimo general vigente en el DF).
Entonces, las disposiciones aplicables al efectivo no hacen ninguna referencia a que quienes deban de cumplirlas necesiten ubicarse en una situación específica sino que se extiende a todas las operaciones previstas en el artículo 32.


Luego, sin importar si los contratantes desarrollan o no actividades vulnerables, deben cumplir las restricciones del efectivo.

jueves, 10 de noviembre de 2016

La e.firma

La e.firma es un archivo digital que te identifica al realizar trámites por internet en el SAT e incluso en otras dependencias del Gobierno de la República. 

Tu e.firma es única, es un archivo seguro y cifrado, que tiene la validez de una firma autógrafa.

Por sus características, es segura y garantiza tu identidad.
Debe declararse inatendible dicha causal, si se da cierta circunstancia sobre el tema planteado

Si la autoridad fiscal al momento de contestar la demanda inicial de un juicio de nulidad, hace valer alguna causal de improcedencia de las previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), respecto de la que existe un pronunciamiento del Poder Judicial de la Federación en el que se hubiese resuelto tal cuestión, debe declararse inatendible.

En términos del artículo 8o. de la LFPCA son causales de improcedencia:
  • no afectar los intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen al acto impugnado
  • sea incompetente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para conocer del asunto planteado
  • haber sido materia de sentencia pronunciada por el tribunal, si existe identidad de partes y se trata del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas
  • existir consentimiento, al no haber promovido algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el órgano jurisdiccional en tiempo
  • ser materia de un recurso o juicio pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o el TFJA
  • se trate de asuntos que puedan impugnarse por algún recurso o medio de defensa, excepto si la promoción es optativa
  • verse sobre actos conexos a otro que hubiese sido impugnado en un recurso o medio de defensa diferente, cuando la ley disponga que debe agotarse la misma vía
  • haber sido controvertidos en un procedimiento judicial
  • referirse a reglamentos
  • si no se hacen valer conceptos de impugnación, e
  • inexistencia de la resolución o acto combativo a partir de las constancias de autos

El juzgador no puede pronunciarse sobre la causal manifestada por la parte demandada, porque existe cosa juzgada, es decir, se impide que lo decidido sea susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia contemplada en el artículo 17 constitucional.